Si no fuera por lo que representa, el devenir de la renta básica en Extremadura ofrecería argumentos diarios suficientes y merecidos para convertirse en un referente de la mejor tradición teatral española, entre el sainete de los Álvarez Quintero y el esperpento de Valle-Inclán.
Desde los preámbulos en junio del 2011 cuando el actual Presidente de la Junta de Extremadura, en su discurso de investidura anunció la instrumentación de la Renta Básica como una tarea urgente a hacer por su futuro gobierno han pasado ya tres años, una ley, un reglamento, dos decretos y, ahora, un nuevo proyecto de ley que de forma torticera pretende arreglar este desaguisado a base de desnaturalizar derechos.
Y mientras, las necesidades de los potenciales beneficiarios, miles de familias extremeñas, no disminuyen sino que se incrementan, al igual que la persistencia del desempleo para los parados de larga duración sin prestaciones.
No es un secreto que Extremadura es una de las regiones más pobres de España, seguimos siendo considerados como región objetivo convergencia en términos económicos y los destrozos causados por la crisis se han dejado notar dramáticamente en el ámbito social como lo demuestra el avance a peor de los diversos índices de pobreza.
En este contexto de empobrecimiento, el Gobierno de Extremadura se ha dedicado a jugar con la herramienta llamada a contribuir decididamente a paliar esta situación: la renta básica. Desde mayo de 2013 cuando se publicó esta Ley, nos podemos referir objetivamente a su desarrollo desde la inoperancia e ineficacia en su gestión y desde las excusas sucesivas (problemas del programa informático, falta de personal…)
Un año después, el problema parecía ser de la redacción de la propia Ley, por lo que en junio de este año se modificó vendiéndose como la solución a las dificultades de gestión. Crisis de Gobierno por medio y reconociendo de forma explícita la ineptitud de la Dirección General de Política Social, se encomienda al SEXPE sacarla adelante. Pero a la tercera no fue la vencida. El 26 de agosto, con alevosía, premeditación, “estivalidad” y de forma unilateral se aprueba un decreto ley que deroga la ley anterior de Renta Básica y supone una auténtica involución.
No se pueden hacer peor las cosas, porque ni rectificando se acierta. La renta básica, que era una solución, se está enquistando y convirtiendo en un problema. Toda una habilidad política, intencionada o no, por no llamarlo sabotaje intencionado. La ley actual era mejorable en algunos aspectos como en darle un mayor protagonismo a los servicios sociales de base, pero el decreto ley se ha utilizado para recortar derechos, establecer plazos restrictivos o retroceder en transparencia al eliminar la comisión de seguimiento, entre otras perlas.
Este decreto ley es un nuevo desacierto del Gobierno de Extremadura, pues tras 16 días en vigor se ve obligado, in extremis, a convertirlo en un proyecto de ley para su debate parlamentario, por mor del tercero en discordia cuyo papelón en este teatrillo, merecedor del Goya al mejor actor sector secundario, no deja de ser vergonzoso.
Con todo lo acontecido se constata que en el fondo hay una falta de convencimiento del Gobierno en la renta básica como un derecho subjetivo. No es consustancial al PP el reconocimiento de derechos y menos de carácter social. No está en su ADN. Frente a la urgente necesidad de los extremeños, el hambre no entiende de plazos ni de convocatorias, los populares prefieren favorecer la beneficencia y el limosneo electoral antes que garantizar un mínimo digno de subsistencia como derecho.
Las familias extremeñas que solicitan esta prestación como último recurso para subsistir no merecen tanta desconfianza, ni sospechas universales de fraude, ni el silencio administrativo por respuesta, se merecen un respeto, y más en este asunto.
No esperamos nada del Gobierno extremeño que sigue instalado en el Olimpo de su autocomplacencia. Por ello, apelo a todos los parlamentarios extremeños para que realicen un esfuerzo de responsabilidad y acaben de una vez con este barullo. Si tienen aún un poco de respeto por sus representados y de sensibilidad hacia los extremeños que lo están pasando mal, deben dejar de lado sus intereses electoralistas y avanzar hacia la puesta en marcha efectiva y urgente de este derecho. Si no es así, se demostrará una vez más que van muy por detrás de la sociedad extremeña y no sólo pasarán a los anales parlamentarios del esperpento, sino de la infamia.
