El Anteproyecto de Ley sobre Mutuas de la Seguridad Social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, 18 de julio, disfrazado de mejora de gestión, esconde un nuevo recorte de los derechos de los trabajadores buscando un ajuste del gasto, es decir,menos bajas y por periodos de tiempo más cortos. Para ello, pone a los lobos a vigilar el rebaño reforzando el poder de las mutuas para decidir las altas médicas de los trabajadores.
De esta manera, a las ahora denominadas Mutuas de la Seguridad Social, que recordemos son asociaciones de empresarios “sin ánimo de lucro”, se les cede la salud de los trabajadores concediéndoles una sustancial capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común. Las mutuas ganan poder, que pierde la sanidad pública, para instar a médicos e inspectores el alta de los trabajadores,
Esto tiene unas importantes implicaciones: Por un lado, se fomenta la privatización de la incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral. Si, a partir de la reforma laboral de 2012, el trabajador enfermo tenía miedo a darse de baja por ser despedido, ahora más.
Las mutuas tramitarán el periodo de tiempo de la baja médica, podrán denegar, suspender, anular e incluso extinguir la prestación. Además, si el trabajador no comparece ante el llamamiento de la Inspección médica o de la mutua, se presupone mala fe por su parte y será causa de extinción de la prestación, aunque el motivo sea médico. Las bajas pueden convertirse en una rareza, en un atrevimiento del obrero.
Por otro lado, se incentiva la falta de claridad en las cuentas de las Mutuas las cuales gestionarán el dinero referente a las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas que les son transferidas desde la Seguridad Social permitiéndoles la creación de diversos fondos como reserva complementaria, con lo cual será más complicado controlar qué se hace con ese dinero.
Todo ello puede derivar en un previsible incremento de la siniestralidad, poniendo en riesgo incluso a las empresas, ya que las mutuas tienen que vender obligatoriamente en un tiempo récord sus servicios de prevención. Asimismo se pierde la conexión entre médico de la mutua con el medico dedicado a la vigilancia de la salud, coordinación esencial para detectar y evitar enfermedades profesionales. De forma añadida, los médicos de atención primaria tendrán más trabajo burocrático y perderán el control de aquellos pacientes que estén dados de baja o necesiten el alta médica puesto que se les deja de lado y esta competencia la asume la Mutua.
Este Anteproyecto viene a responder a una antigua reivindicación de la patronal que quería poder actuar en las bajas laborales desde el primer día, con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado. De esta manera se le vuelve a colgar al trabajador el sambenito del fraude, sin tener en cuenta que no hay que confundir torticeramente el absentismo laboral injustificado con la incapacidad laboral. Lo lógico ante el absentismo laboral sería utilizar herramientas de la negociación colectiva y no utilizar la salud de los trabajadores como arma arrojadiza.
Por último, pero no menos importante, es que existe una flagrante carencia de participación por parte de los trabajadores y representantes sindicales en todo el proceso, excluyendo su parecer en la elección de la Mutua dentro de la empresa o en la del facultativo.
Al final gana la privatización, el sector empresarial y las mutuas patronales. Por el contrario pierden los trabajadores, que tendrán que ir enfermos a su puestos de trabajo, los médicos de atención primaria y los servicios de inspección médica a los que se les somete a un control más riguroso apartándoles del procedimiento de IT .
Pierde, en general, la sanidad pública. El Sistema de la Seguridad social y el Sistema Público de Salud son las únicas entidades públicas que garantizan y aseguran la igualdad, la no discriminación, la suficiencia de las prestaciones y la prevalencia de la integridad física y la salud del trabajador frente a criterios economicistas o de selección de riesgos, más propios del aseguramiento privado.
Como en todo lo que llevamos de legislatura, el PP nuevamente legisla primando los intereses económicos frente a los trabajadores, comprometiendo sus derechos a la protección social y a la recuperación de la salud. Este proyecto de ley debería ser retirado, por motivos de salud.
